Urgen acciones ante la crisis de desapariciones: Joanna Felipe Torres

Desde la tribuna del Congreso del Estado de México, la diputada local Joanna Felipe Torres emitió un posicionamiento en torno a la crisis de desapariciones en el país, visibilizando el dolor de miles de familias y advirtiendo sobre la normalización de una problemática que calificó como una “herida abierta”.

En su intervención, la legisladora dio voz a quienes enfrentan la ausencia de un ser querido, describiendo la incertidumbre constante y el impacto emocional que atraviesan madres, padres y familiares. Señaló que la desaparición de personas constituye una grave violación a los derechos humanos que afecta no solo a las víctimas, sino a toda la sociedad.

Subrayó que el Estado de México encabeza las cifras nacionales con más de 14 mil personas desaparecidas, lo que representa aproximadamente el 11% del total en el país. Advirtió además sobre el impacto en sectores particularmente vulnerables, como niñas, niños y adolescentes, así como la situación crítica en municipios como Ecatepec, Toluca y Cuautitlán Izcalli, donde la violencia se agrava con delitos como el feminicidio.

La diputada también reconoció la labor de los colectivos de búsqueda y de las familias, quienes —ante la falta de resultados institucionales— han asumido tareas de investigación y localización, muchas veces poniendo en riesgo su propia integridad.

En ese contexto, subrayó la necesidad de una actuación coordinada entre los poderes del Estado y la sociedad civil, al señalar que la fragmentación de esfuerzos solo perpetúa la ineficacia.

Como parte de su propuesta legislativa, presentó dos ejes centrales:

PRIMERO: Castigo al ocultamiento: Imponer pena privativa de la libertad a quien se atreva a alterar o destruir datos biométricos que permitan identificar o localizar a nuestros desaparecidos. Quien borra una huella, borra la posibilidad de un reencuentro.

SEGUNDO: Derecho absoluto a la verdad: Garantizar que las familias reciban de inmediato toda la información y datos identificativos o de localización que tengan las autoridades. Cualquier video, audio, mensaje o fotografía que se encuentre en poder de las instituciones o de los particulares deberá estar a disposición de las familias.

Finalmente, hizo un llamado a enfocar el trabajo legislativo en resultados concretos y en la protección de las y los mexiquenses, más allá de diferencias políticas, al recordar que el dolor de las familias que buscan a sus seres queridos no distingue colores ni ideologías.